La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que respondió formalmente a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) y presentó los descargos contables correspondientes a los ejercicios 2017 a 2023, al tiempo que negó de manera categórica cualquier tipo de incumplimiento. A través de un extenso comunicado, la entidad buscó llevar claridad a sus asociaciones afiliadas y a la opinión pública frente a las reiteradas declaraciones del Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo.
En primer lugar, la AFA desmintió que el cambio de jurisdicción haya sido ilegal o realizado de forma encubierta. Detalló que la decisión fue aprobada en asamblea, fiscalizada por veedores de la propia IGJ y posteriormente certificada por ese organismo, que en noviembre de 2024 emitió el certificado de vigencia necesario para concretar la inscripción en la Provincia de Buenos Aires. Luego, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense aprobó e inscribió el trámite, notificando formalmente a la IGJ.
En relación a los balances, la AFA sostuvo que todos los estados contables entre 2017 y 2024 fueron presentados en tiempo y forma. Aclaró que solo una observación —la correspondiente al ejercicio 2017— fue debidamente notificada y respondida, mientras que el resto de las supuestas irregularidades mencionadas públicamente nunca fueron comunicadas conforme a la normativa vigente. Además, denunció demoras de hasta tres años en el análisis de expedientes, irregularidades formales y archivos sin sustento.
La entidad también remarcó que durante esos años solicitó y obtuvo múltiples certificados de vigencia emitidos por la propia IGJ, en los cuales se dejó constancia expresa de que la AFA se encontraba al día con la presentación de balances y documentación post-asamblearia. El último de esos certificados, fechado en noviembre de 2024, ratificó esa situación y, según la asociación, contradice las acusaciones actuales.
Por último, la AFA recordó que la IGJ no tiene facultades para aprobar o desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios, y que su rol se limita al control de legalidad formal. Subrayó además que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense y rechazó las declaraciones que la acusan de ocultar información o de haberse “escapado” de la jurisdicción porteña, denunciando una utilización mediática y política del procedimiento administrativo.
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