La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, recibió a la familia de Jeremías Monzón, el menor de 15 años asesinado a puñaladas por tres adolescentes, y volvió a defender con dureza la baja de la edad de imputabilidad, al sostener que “no podemos seguir teniendo Jeremías”.
En diálogo con la prensa, la exministra de Seguridad aseguró que el Gobierno nacional trabaja desde el año pasado en el proyecto de modificación de la Ley Penal Juvenil, el cual propone llevar a 13 años el umbral etario a partir del cual una persona pueda ser juzgada y condenada por la comisión de un delito en la Argentina.
“No podemos seguir teniendo Jeremías asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, afirmó Bullrich. En ese marco, anticipó que el Congreso se prepara para debatir la baja de la edad de imputabilidad durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.
En esa línea, la dirigente remarcó que se trata de una discusión postergada desde hace décadas. “Hubo muchos casos, hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. Este Gobierno tuvo la decisión de mandar el proyecto, de trabajarlo, de impulsarlo, circunstancias que la política muchas veces decide por la política y no por las cosas que necesita la sociedad”, expresó.
Bullrich también sostuvo que la reforma dejará un impacto estructural en el país. “La ley va a dejar un legado y ese legado lo va a interpelar a todo el país para que eduquemos mejor a nuestros chicos, para que advirtamos cuando hay acciones de violencia y para que actuemos antes”, señaló.
¿Cuál es la edad mínima para la punibilidad en la región?
Actualmente, la Argentina mantiene un régimen penal de la minoridad establecido en 1980, que fija la punibilidad a partir de los 16 años para delitos graves. Los menores de esa edad quedan fuera del sistema penal tradicional, aunque pueden ser sometidos a la intervención de jueces de menores.
A nivel internacional, la mayoría de los países occidentales distingue entre la mayoría de edad penal, generalmente fijada en los 18 años, y el inicio de la responsabilidad penal juvenil, que suele comenzar antes y contempla procesos diferenciados con sanciones socioeducativas.
Mientras algunos sistemas avanzan en la baja de la edad de imputabilidad como respuesta al aumento de la inseguridad, otros refuerzan los regímenes de responsabilidad adolescente con garantías específicas, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza medidas excepcionales y breves de privación de la libertad.
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