En el marco del Día del Docente Universitario, la comunidad académica denunció que entre 10 y 12 docentes renuncian por día debido al deterioro salarial y presupuestario “sin precedentes”. Tras una nueva Marcha Federal Universitaria, docentes de distintas provincias aseguraron que el sistema educativo atraviesa un límite crítico producto del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
Los docentes sostienen que la falta de financiamiento ya tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de las más de 60 universidades públicas del país. Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, aseguró que actualmente “renuncian entre 10 y 12 docentes por día” en todo el sistema universitario nacional. Según afirmó, muchos profesionales abandonan la docencia por la imposibilidad de sostenerse económicamente con los salarios actuales.
Quiroga advirtió además que el problema afecta especialmente al carácter federal de las universidades públicas. Mientras el foco político se concentra sobre la Universidad de Buenos Aires, en distintas provincias crece la dificultad para garantizar materias especializadas y sostener equipos de investigación. Actualmente, un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple percibe alrededor de 260 mil pesos mensuales, cifra que, según remarcan los docentes, no alcanza para cubrir gastos básicos de transporte y alimentación.
El panorama también fue descripto por Pablo Bolcatto, doctor en Física y profesor de la Universidad Nacional del Litoral, quien calificó el contexto como “el peor” de toda su carrera profesional. El docente señaló que cada vez más investigadores deben recurrir a actividades paralelas, como manejar aplicaciones de transporte o emprender trabajos informales, para complementar ingresos y poder subsistir.
Según los datos difundidos por el grupo EPC y compartidos por docentes universitarios, desde diciembre de 2023 las universidades nacionales acumulan una caída del 37,3% de su presupuesto. Además, las proyecciones para 2026 ubican la inversión universitaria en apenas el 0,428% del PBI, el nivel más bajo desde 1989. A esto se suma una pérdida salarial acumulada de 33,7 puntos de poder adquisitivo en 17 meses consecutivos de caída.
Los docentes también denunciaron recortes recientes en obras de infraestructura universitaria que afectaron a instituciones como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional del Nordeste y la UNL, entre otras. Según indicaron, más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura fueron eliminados antes de la última movilización federal.
En ese contexto, el reclamo central del sector apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los docentes sostienen que la aplicación de esa normativa permitiría una recomposición salarial inmediata y ayudaría a frenar el éxodo de profesionales del sistema público. Además, remarcaron que los salarios universitarios dependen directamente del Estado nacional y representan cerca del 90% del presupuesto total de las universidades.
Finalmente, desde el sector insistieron en que las auditorías utilizadas como argumento por el Gobierno ya existen y se realizan a través de organismos oficiales como la AGN y convenios con SIGEN. “Si el Gobierno cumpliera la ley se acabarían los paros y estaríamos todos dando clases”, resumieron desde la comunidad docente universitaria.
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