La pobreza infantil en Argentina alcanzó al 42,3% de las niñas, niños y adolescentes durante el segundo semestre de 2025, según el informe “Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños” elaborado por UNICEF Argentina. El dato representa una mejora respecto al mismo período de 2024, cuando la cifra alcanzaba a 6,3 millones de menores, mientras que en 2025 se redujo a 5,1 millones.
De acuerdo con el relevamiento, el 9,4% de las niñas, niños y adolescentes se encontraba en situación de indigencia, mientras que la pobreza general de la población fue del 28,2%. El estudio remarcó que la pobreza continúa afectando con mayor intensidad a los menores de edad que al resto de los argentinos, evidenciando una brecha persistente tanto en pobreza como en indigencia.
El informe también expuso fuertes desigualdades sociales y educativas. En los hogares con bajos niveles educativos, la pobreza infantil escala al 68%, mientras que alcanza el 74,8% cuando el adulto de referencia se encuentra desocupado. Asimismo, en los hogares sostenidos únicamente por mujeres, la incidencia de la pobreza infantil llega al 52,8%.
Otro dato preocupante es que el 42,8% de los chicos y chicas presenta al menos una privación no monetaria vinculada a derechos básicos, como vivienda, acceso al agua potable, saneamiento, educación, hábitat o protección social. Además, siete de cada diez hogares con niños recurrieron en algún momento a estrategias para generar ingresos o afrontar gastos, como endeudarse, vender pertenencias o comprar alimentos fiados.
Desde UNICEF señalaron que las transferencias sociales continúan siendo fundamentales para contener la indigencia infantil. De hecho, el organismo estimó que la indigencia entre niñas, niños y adolescentes sería seis puntos porcentuales más elevada sin estos programas de asistencia económica.
Pese a la mejora registrada en 2025, el organismo internacional advirtió que la recuperación aún no logró consolidarse. Según sus proyecciones, la pobreza infantil podría subir hasta el 44,4% durante el primer semestre de 2026, impulsada por la evolución de los ingresos familiares, el costo de las canastas básicas, la situación del mercado laboral y el alcance de las políticas de asistencia social.