En vísperas de la puesta en marcha de la Ley 27.801, el presidente de la Cámara de Apelaciones Penal del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, Gabriel Vitale, reflexionó sobre las implicancias del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años, y alertó sobre la sobrecargas y distorsiones que podría generar en el sistema escolar y judicial.
«Una pelea entre alumnos, un celular robado en el recreo, una amenaza entre compañeros o el empujón que provoca lesiones son situaciones variadas que se resuelven en el espacio escolar con mediación docente. A partir del 5 de septiembre, con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, esos jóvenes podrían convertirse en imputados penales. Y los directores y maestros, en los primeros eslabones de una cadena que lleva a adolescentes de 14 años ante la Justicia», advirtió el camarista.
El magistrado explicó que el problema central radica en que la norma aplica todo hecho tipificado en el Código Penal: «Su alcance va mucho más allá de modificar la edad mínima de imputabilidad: amplía considerablemente el universo de conductas que pueden llevar a un adolescente ante la Justicia penal».
«Si cada incidente escolar se judicializa, el colapso del sistema no tardará en llegar»
Al analizar la dinámica dentro de los establecimientos educativos secundarios del Conurbano, Vitale remarcó la enorme responsabilidad que se traslada a los equipos pedagógicos al imponer la obligación de reportar penalmente cada falta.
«La nueva ley le agrega a ese rol una carga inédita: la aplicación de todo el Código Penal y la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente cualquier delito que ocurra en el establecimiento. Lesiones, amenazas, hurtos, riñas: todos deberían ser reportados. Lo que hasta ayer era un conflicto escolar, desde el 5 de septiembre puede ser una causa penal», aseveró Vitale, y enfatizó: «El problema es evidente: si cada incidente escolar se judicializa, el colapso del sistema no tardará en llegar».
En ese sentido, el juez diferenció el deber de informar de la apertura sistemática de expedientes judiciales:
Gabriel Vitale: «Hay una distinción crucial que la ley no termina de resolver: una cosa es cumplir con el deber legal de comunicar una situación que requiere intervención estatal eficiente, y otra muy diferente es convertir automáticamente cada conflicto protagonizado por adolescentes en una causa penal. La obligación de denunciar no puede transformarse en una obligación de judicializar».
El desafío de prevenir sin criminalizar
El titular de la Cámara de Apelaciones del fuero penal planteó además la paradoja que presenta la legislación frente a un cuerpo normativo centenario en la Argentina:
Cuestionamiento al marco legal: «Tengamos en cuenta que a los problemas adolescentes del siglo XXI le estamos aplicando el Código Penal de 1921, con diferentes lógicas, miradas e intervenciones. Por ello, es necesario generar nuevos acuerdos, seguir acompañando a docentes, maestros y directivos en su labor cotidiana, fortalecer los espacios de responsabilidad administrativa escolar y programar realmente cuál es el futuro que pretendemos para la niñez y la adolescencia».
El rol de la escuela: «La verdadera discusión que abre esta nueva etapa no es solo a qué edad comienza la responsabilidad penal, como muchos pretenden, sino qué modelo de política criminal queremos construir para los adolescentes de la Argentina. Y en esa respuesta, la escuela debería ser la primera oportunidad para evitar el sistema penal, no la primera puerta de entrada», concluyó Vitale.
La entrada «La escuela debería ser la primera oportunidad para evitar el sistema penal, no la puerta de entrada» se publicó primero en Diario Conurbano.