El reciente acuerdo de precios implementado por el gobierno argentino ha generado revuelo en el mundo empresarial, y no es para menos. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) ha levantado la voz en desacuerdo, argumentando que las nuevas medidas son “inviables” para las empresas, especialmente aquellas con presencia en el país.

El acuerdo, que establece un aumento del 5% mensual durante un período de 90 días, ha sido cuestionado por Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, a través de una nota formal dirigida al titular de Aduana, Guillermo Michel. Las voces críticas no solo señalan la viabilidad de estas medidas, sino también su impacto potencial en la economía de las compañías extranjeras.

En la carta enviada por Díaz, se argumenta que el sendero de precios otorgado a las empresas durante el período de noviembre de 2022 a julio de 2023 ya estaba de por sí significativamente por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), oscilando entre 25 y 30 puntos menos. Esto, según Díaz, debilitó la situación financiera y económica de las empresas, pese a su compromiso por colaborar con las soluciones económicas del país.

El escenario se complica aún más con la devaluación del 14% registrada el pasado 14 de agosto y la implementación del Impuesto País del 7,5%, lo que afectó el contexto en el que operan las empresas. Además, los costos de producción experimentaron un incremento notable en los últimos tres meses, superando con creces el aumento de precios acordado en el pacto que concluyó esta semana.

La crítica de AmCham también se basa en una proyección de eventos futuros. Se espera la reapertura de paritarias de camioneros con incrementos de hasta el 140%, y los proveedores podrían aumentar entre un 25% y un 30%, condiciones que podrían afectar la cadena de suministro y producción. En este contexto, la cámara argumenta que los elementos no previstos podrían comprometer aún más la viabilidad de las empresas.

Este enfrentamiento entre el gobierno argentino y AmCham abre el debate sobre la eficacia y las consecuencias de los acuerdos de precios en una economía que ha lidiado con una inflación constante y la necesidad de encontrar soluciones que no asfixien a las empresas ni afecten la calidad de vida de los ciudadanos.

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