Tras el reciente desembolso de 7.500 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina, el organismo internacional ha presentado un comunicado en el que detalla las demandas que acompañan este acuerdo financiero.
En su evaluación de la situación política y económica del país, el FMI hace hincapié en la necesidad de realizar ajustes en el gasto público, incluyendo salarios y jubilaciones. Además, subraya la importancia de llevar a cabo una nueva revisión de las tarifas de servicios públicos. También respalda la medida de devaluación implementada por el gobierno, con el propósito de evitar que el valor del dólar oficial quede rezagado en relación con otros precios de la economía.
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, expresó: “Con el fin de alcanzar el déficit fiscal primario acordado del 1,9% del PIB para este año, es esencial mantener la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se concentran en reforzar los controles de gasto mediante medidas iniciales orientadas a actualizar las tarifas energéticas y controlar los salarios públicos y las pensiones, sin descuidar la protección del gasto esencial en programas sociales e infraestructura”.
En un comunicado más amplio sobre la situación argentina, Georgieva mencionó que “la situación económica se ha vuelto más compleja desde la última revisión, debido a la sequía excepcional y desviaciones en las políticas, lo que resultó en incumplimientos de metas clave del programa previstas hasta finales de junio”.
“A la luz de una inflación elevada y crecientes presiones en la balanza de pagos, las autoridades están implementando un nuevo conjunto de medidas para asegurar la estabilidad y respaldar la viabilidad externa a mediano plazo. Esto se centra en restablecer las reservas y fortalecer la disciplina fiscal”, agregó.
El desembolso total en el marco del acuerdo con el FMI asciende a alrededor de US$36.000 millones, con una próxima revisión programada para noviembre de 2023. A medida que se llevaron a cabo las revisiones, el Directorio Ejecutivo concluyó que los objetivos clave del programa no se cumplieron hasta junio de 2023 debido a la sequía excepcional y a las desviaciones en las políticas, lo que llevó a la aprobación de exenciones por incumplimiento.
Además, se otorgaron exenciones por incumplimiento relacionadas con la implementación de medidas temporales que llevaron a la introducción o intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de tipo de cambio múltiple. Esta nueva etapa de ajustes plantea un desafío adicional para la economía argentina en medio de un entorno económico y político complejo.