El Gobierno de Javier Milei ha decretado la “emergencia del sector energético nacional” mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Este incluye la revisión tarifaria para los servicios de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural.
La medida busca garantizar la continuidad de los servicios públicos y asegurar el suministro. Además, se mantiene la intervención en los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas). La emergencia se declara ante la obsolescencia de activos y la falta de inversiones en el sector.
El DNU instruye a la Secretaría de Energía para que establezca un programa de acciones que permitan la fijación de precios en condiciones de competencia, manteniendo ingresos reales y cubriendo las necesidades de inversión.
También ordena el inicio de la revisión tarifaria con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. El ENRE y el Enargas serán intervenidos, y se nombra a interventores para realizar la revisión tarifaria y evaluar compras y contrataciones.
En sus considerandos, el decreto destaca la obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras y la falta de adecuación a las necesidades de la demanda, evidenciada por el aumento en los indicadores de interrupción de servicios. La medida busca encauzar la prestación de servicios bajo los marcos regulatorios y contratos vigentes, con ajustes y revisiones correspondientes. Se mencionan riesgos de desabastecimiento de gas natural y la cercanía del período de vida útil de la central nuclear Atucha I. La transferencia del Tesoro a Cammesa alcanzó $1,4 billón en 2023.