En el AMBA los incrementos oscilarán entre el 30% y el 50% a partir del mes próximo. La inflación y las paritarias presionan sobre los costos de las instituciones
Las familias no solo deberán afrontar en marzo la vuelta a clases sino que además quienes mandan a sus chicos a colegios privados tendrán que pagar las cuotas con fuertes aumentos que ya fueron definidos en Noviembre Pasado. Sin embargo, las instituciones reclaman que se autoricen nuevas subas debido a un “desfasaje” en sus costos. Allí operan dos factores: la inflación y las paritarias del sector docente.
En la Argentina existen unas 14.000 escuelas privadas de las cuales el 70%, unas 9.800, reciben aporte estatal y el restante 30% que no tiene subvención. En la provincia de Buenos Aires se encuentra la mitad de estas instituciones (6.300) de las cuales 4.400 tiene subvención bonaerense y requiere autorización para aplicar subas. En el sector empresario suelen resaltar que entre el 80% y el 90% de la tarifa es el costo laboral, es decir, fundamentalmente el sueldo de los docentes
El secretario ejecutivo de la Asociación de institutos de enseñanza privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, explicó que esas 4.400 escuelas recibieron en diciembre pasado una autorización para incrementar el valor de su cuota el 30% desde marzo. Las 1.900 que no reciben ayuda estatal aplicaron subas que oscilaron entre el 40 y el 50 por ciento.
“Va a haber vouchers y financiamiento para alumnos. Están trabajando los ministros (Sandra) Pettovello y (Luis) Caputo. Estamos muy cerca de anunciar eso”, dijo Milei en una entrevista radial.
El Gobierno los volvió a eximir de los aportes patronales
El Gobierno prorrogó este jueves hasta fin de año la eximición que gozan los colegios privados del pago de contribuciones patronales, apuntando a evitar un “incremento importante” en las cuotas que abonan las familias, a través del decreto 134/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial. Desde 2001 y en sucesivas oportunidades se viene eximiendo por decreto a los colegios privados de los aportes patronales.
En diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública estableció entre otras cuestiones nuevas alícuotas a las contribuciones patronales, eximiendo del pago de las mismas a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada hasta fin de 2020, y facultó al Poder Ejecutivo a prorrogar la eximición, lo que hizo la anterior administración por decreto en 2021, 2022 y 2023. La última prórroga había vencido el 31 de diciembre del año pasado.
De no haber extendido la misma, se hubiera producido un “incremento desmesurado en las contribuciones patronales”, que sería “incluso mayor” fuera de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, indican los considerandos. La suba “agravaría el crítico contexto en el que las instituciones se encuentran inmersas, repercutiendo en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas”.
En ese sentido, el Gobierno subrayó, en los mismos términos que el decreto de prórroga de 2023, que “el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”.
Por otra parte, señaló que “en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”. “Es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino”, concluyó el decreto.