Algunos sindicatos ya realizaron o están por realizar medidas de fuerza producto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, pero también contra la posible privatización de empresas y la desregulación de la economía. La profundización del malestar acerca la fecha de una nueva huelga.
El movimiento obrero avizora un escenario de profundización de la conflictividad y ya debate la posibilidad de organizar y convocar a una nueva huelga nacional en rechazo de las políticas económico-sociales del Gobierno, mientras crecen las protestas sectoriales por reclamos paritarios, despidos y posibles privatizaciones de empresas públicas.
Los ferroviarios de La Fraternidad y los trabajadores de la sanidad paralizaron las tareas durante 24 horas la semana última en demanda de una recomposición salarial paritaria ante el elevado proceso inflacionario, mientras que los docentes, marítimos y portuarios, entre otros, decidieron el estado de alerta por variadas reivindicaciones.
A diferencia del camino elegido por los otros tres gremios ferroviarios -Unión Ferroviaria, señaleros y jerárquicos ferroportuarios- que optaron por la continuidad del diálogo en la secretaría de Trabajo en procura de una mejora salarial, el líder de La Fraternidad, Omar Maturano, se pronunció por el llamado a la huelga el miércoles último y paralizó el país.
Aunque en esa misma jornada fue finalmente también convocado al diálogo convencional, advirtió que las protestas continuarán de no producirse una real recomposición salarial.
“Los periodistas empleados del poder afirman que los paros son políticos, pero callan que en solo tres meses la inflación superó el 50 por ciento y que las empresas ofrecen un aumento del 12 por ciento. Las molestias que ocasionan esos paros no es culpa de quienes ejercen derechos constitucionales sino de aquellos que alimentan a la casta y empobrecen a los trabajadores y a los jubilados”, afirmaron fuentes gremiales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera el rionegrino Rodolfo Aguiar, parará este lunes en todo el país, en una jornada de lucha que incluirá cortes y movilizaciones y una concentración frente al Inadi ante el anuncio oficial de su cierre.
Aguiar calificó esa decisión como “totalmente ilegal” y sostuvo que la posibilidad de cerrar el organismo representa “un retroceso absoluto del sistema democrático”, además de rechazar “el 12 por ciento de aumento impuesto por el Gobierno para febrero, lo que acelera los niveles de pobreza e indigencia en el sector público”, puntualizó.