El gobierno ruso expresó su enérgico rechazo a la incautación del petrolero Tagor por parte de Francia, calificando la medida como una violación del derecho internacional. Las autoridades de Moscú consideran que la confiscación del buque constituye un acto de piratería estatal que carece de justificación legal. El Kremlin anunció que iniciará gestiones diplomáticas para exigir explicaciones sobre esta decisión unilateral.
La incautación del Tagor se enmarca en el paquete de sanciones implementado por la Unión Europea contra Rusia tras el inicio del conflicto en Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron había adelantado esta medida como parte de las acciones coordinadas para presionar económicamente al gobierno de Vladimir Putin. Las autoridades francesas justifican la confiscación argumentando el cumplimiento de las resoluciones europeas sobre restricciones al transporte marítimo ruso.
El petrolero Tagor transportaba crudo ruso cuando fue interceptado en aguas bajo jurisdicción francesa. La embarcación quedó inmovilizada en un puerto francés mientras las autoridades evalúan su situación legal definitiva. Este tipo de incautaciones se han multiplicado en puertos europeos como medida de presión económica contra el sector energético ruso.
Desde Moscú, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó la medida como un precedente peligroso que viola los principios básicos del comercio internacional. Las autoridades rusas argumentan que la confiscación afecta la libre navegación y el transporte marítimo global. El gobierno de Putin amenazó con tomar represalias proporcionales si Francia no revierte su decisión.
Esta nueva tensión diplomática se suma al deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente desde el inicio de la guerra en Ucrania. La incautación del Tagor representa un escalón más en la guerra económica que mantienen ambos bloques. Los analistas internacionales consideran que estos episodios podrían intensificar las medidas de retorsión entre las partes en conflicto.