La Secretaría de Comercio ha impuesto sanciones por un valor acumulado de más de $2.000 millones debido a incumplimientos en el programa Precios Justos. Estas multas forman parte de las medidas tomadas por el Gobierno para garantizar el control de precios y proteger los derechos de los consumidores.
El programa Precios Justos, lanzado por el Ministerio de Economía en noviembre del año pasado, estableció una canasta de valores fijos en alrededor de 2.000 productos de primera necesidad. Sin embargo, se han registrado numerosos incumplimientos por parte de empresas y supermercados, lo que ha llevado a la aplicación de sanciones significativas.
Desde agosto del año pasado hasta la fecha, se han aplicado multas por un total de $3.333 millones. De este monto, $2.635 millones corresponden a incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, principalmente por infracciones al programa Precios Justos, y $968 millones se deben a faltas a la Ley de Defensa de la Competencia.
Una de las sanciones más recientes fue impuesta a la cadena de supermercados Día, que ha sido suspendida del programa por 30 días debido a incumplimientos reiterados y aumentos injustificados. A pesar de la suspensión, la empresa continuará comercializando los productos de Precios Justos, ya que sus proveedores siguen formando parte del programa y se les exige vender los productos a los valores acordados con el Gobierno.
Además de Día, otras empresas como Unilever, Mastellone, Coca-Cola y Danone han sido sancionadas por irregularidades relacionadas con los precios y la competencia. Estas multas refuerzan la importancia de mantener un estricto control sobre las prácticas comerciales y garantizar que los productos se vendan al precio acordado.
El programa Precios Justos cuenta con una herramienta para que los ciudadanos denuncien posibles incumplimientos a través de la app Precios Justos. Esta aplicación permite a los usuarios comparar los precios fijados por el gobierno con los precios en los comercios y presentar denuncias en caso de discrepancias.
Con estas sanciones millonarias, el Gobierno busca enviar un mensaje claro de que no tolerará prácticas abusivas por parte de empresas y supermercados, y que está comprometido en proteger los derechos de los consumidores. El control de precios y el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el programa Precios Justos son fundamentales para garantizar la accesibilidad de los productos de primera necesidad y combatir la inflación.