En una histórica resolución judicial, el juez federal Sebastián Casanello ha sobreseído a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que previamente había sido condenado el empresario Lázaro Báez. La falta de acusación por parte de la fiscalía y las querellas ha sido determinante en esta decisión.
Casanello ha decretado el sobreseimiento de Cristina Fernández, dejando constancia de que “la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor” de la vicepresidenta, según se desprende de la resolución de tres páginas a la que tuvo acceso Télam. El juez ha respaldado el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y la postura coincidente de las querellas de la UIF y la AFIP, quienes abogaron por el sobreseimiento.
El juez señaló que “la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición” realizada por el acusador y titular de la acción penal, en este caso la fiscalía, y en el presente caso se han cumplido dichos requisitos.
Marijuan, el fiscal del caso, retiró su acusación contra Cristina Fernández el pasado 24 de mayo, y según indica Casanello, tanto las querellas como la fiscalía coincidieron en esta solicitud. El magistrado evaluó que la fiscalía llegó a esta solución basándose en un razonamiento lógico derivado del examen de las pruebas del expediente.
El fiscal Marijuan retiró su acusación tras recibir un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que reveló un encuentro en 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario Báez negó y ocultó la expatriación ilegal de capitales ante la entonces presidenta. Casanello citó este hecho como parte de la resolución.
Tras considerar que se agotaron las medidas de prueba, el fiscal cerró la investigación que se había iniciado hace siete años para determinar si la exmandataria había participado en las operaciones de lavado de dinero atribuidas a Lázaro Báez y su círculo cercano.
En otra resolución, Casanello declaró “inadmisible” el planteo de una asociación llamada “Bases” para ser querellante en el caso y solicitar la nulidad del dictamen del fiscal que propició el sobreseimiento de la vicepresidenta por falta de pruebas.