En una medida que beneficiará a los más de 7 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Congreso aprobó la Ley 27.721, eliminando la exigencia de la “fe de vida” para poder cobrar sus haberes. Este controvertido trámite, en el cual los jubilados debían demostrar que estaban vivos para recibir sus beneficios, ha sido objeto de críticas por parte de especialistas, que lo consideraban una carga innecesaria y, en algunos casos, psicológicamente violenta.
Con la entrada en vigencia de la ley el 25 de julio, cerca de 4 millones de jubilados y pensionados ya no tendrán que realizar periódicamente este trámite de supervivencia. Antes de esta medida, unos 3.2 millones de jubilados estaban exentos del trámite debido a decisiones tomadas por los bancos donde cobraban sus haberes, pero el resto debía cumplir con esta exigencia mensualmente.
Es importante destacar que algunos bancos, como el Banco Provincia, ya habían dejado de requerir la “fe de vida” desde el año 2019. Sin embargo, para muchos jubilados, este trámite continuaba siendo una obligación. Durante la pandemia de COVID-19, se suspendió temporalmente, pero posteriormente se restableció su exigencia en 2022, aunque algunos bancos solo lo requerían a los mayores de 74 años.
Con la eliminación de esta obligación, los jubilados y pensionados podrán recibir sus pagos sin tener que presentar el certificado de supervivencia, lo que simplifica y alivia el proceso para millones de personas. La medida ha sido recibida con alegría por los beneficiarios y sus familias, ya que representa un avance hacia una mayor equidad y comodidad en el sistema previsional.
La resolución firmada por la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, implementa esta ley, que busca mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados del país. Con el respaldo de varios bancos que ya habían dejado de requerir el trámite, la medida se convierte en un paso importante hacia una administración más eficiente y sensible con las necesidades de los ciudadanos en la etapa de la jubilación.