La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio una conferencia de prensa este lunes para anunciar la nueva política social del gobierno de Javier Milei, que busca eliminar la intermediación de las organizaciones piqueteras en la asignación de los programas asistenciales.
Según Pettovello, el objetivo es que la ayuda estatal llegue directamente a las personas que la necesitan, sin pasar por los líderes de los movimientos sociales, que muchas veces utilizan los planes como herramienta de presión política.
“Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta”, dijo y agregó: “Si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente”. “Informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”.
Pettovello explicó que se realizará una auditoría de todos los beneficiarios de los planes sociales, especialmente del Potenciar Trabajo, que es el más numeroso y el que más recursos demanda. La funcionaria aseguró que no se dará de baja a ninguna persona que le corresponda recibir la ayuda, pero que se exigirá el cumplimiento de ciertas condiciones
“También comunicamos que auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación”, explicó la ministra. “Creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja al plan”, continuó.
Y remarcó: “Suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan”. Y al cerrar, Pettovello dijo: “Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente, el que corta no cobra”.
La nueva política social del gobierno de Milei generó el rechazo de los principales referentes de los movimientos sociales, que anunciaron una jornada de protesta para el próximo 20 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la crisis de 2001. Los piqueteros acusaron al presidente de querer “criminalizar la protesta social” y de “abandonar a los sectores más vulnerables”.