A partir del 1° de enero de 2024, la Iglesia Católica en Argentina dejó de recibir aportes mensuales del Estado destinados a los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares, quienes habían renunciado previamente a dicha asignación. La Conferencia Episcopal Argentina comunicó oficialmente esta decisión, que forma parte de un proceso de renuncias iniciado hace cinco años.
En un comunicado publicado en su página web, la Conferencia Episcopal Argentina explicó: “La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950”.
La decisión se enmarca en la ley 21.950 de 1979, que establecía que los arzobispos y obispos recibirían el 80% de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Según lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Nacional, el Gobierno está obligado a sostener el culto católico, lo que llevó a la mencionada ley.
La resolución también señaló que, mediante una decisión tomada el 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto permitió que los arzobispos y obispos que cesaron en sus cargos por razones de edad o invalidez pudieran solicitar de manera particular, cumpliendo ciertos requisitos, el beneficio de la asignación prevista en la ley.
Esta medida fue gestada a finales de 2017 con una aplicación gradual que comenzó en 2018. Además, se acordó que el monto se mantendría congelado, siendo la suma de 56 mil pesos la última percibida al finalizar 2023, la misma que se recibía a principios de 2018.