En una movida que genera controversias y discusiones en el ámbito sindical, el Gobierno de Javier Milei anunció oficialmente la desregulación de las obras sociales sindicales a través de la publicación de decretos de reglamentación. Esta medida, que llevará el sello del cambio, entrará en vigor a partir del 1 de marzo.

El decreto, identificado como 170/2024, introduce modificaciones sustanciales en el artículo 1 del Decreto N° 504 de mayo de 1998, permitiendo a los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud, comprendidos en la Ley N° 23.660, ejercer el derecho a la libre elección entre entidades incluidas en dicha norma, con ciertas excepciones.

Asimismo, se sustituye el artículo 2º del mismo decreto de 1998, estableciendo que el derecho a la libre elección podrá ejercerse por un plazo y de acuerdo con un procedimiento determinado por la Autoridad de Aplicación, haciéndose efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud.

La medida también contempla la eliminación del plazo mínimo de permanencia para aquellos beneficiarios que, estando afiliados a un Agente del Seguro de Salud, elijan a una Entidad de Medicina Prepaga como prestadora de su cobertura médica, siempre que esta esté debidamente inscripta en los registros correspondientes.

El objetivo principal de esta desregulación es otorgar a los trabajadores la libertad de elegir sus prestadores de servicios de salud al comenzar un nuevo empleo, sin restricciones impuestas por la obra social asignada por rama. De esta manera, se busca dar mayor autonomía a los trabajadores en la elección de sus proveedores de servicios médicos.

Manuel Adorni, vocero presidencial, anticipó esta decisión días atrás, destacando que “los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de la contratación“. La medida ha generado reacciones encontradas en el ámbito gremial y de la salud, marcando un cambio significativo en la regulación de las obras sociales en el país.

El decreto entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación y lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del titular de la Secretaría de Salud, Mario Russo.

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