Senadores del radicalismo, peronismo disidente y varios partidos provinciales se unen para solicitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel la convocatoria a una sesión especial destinada a debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por el presidente Javier Milei poco después de asumir en diciembre del año pasado. Este movimiento se suma al pedido previo realizado por los senadores de Unión por la Patria, consolidando la voluntad de rechazar el decreto que modificó numerosas leyes apenas asumió Milei.
La nota, enviada el pasado viernes y presentada oficialmente este lunes en la Cámara alta, reclama la convocatoria a una sesión especial, conforme a lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento. La mayoría de los firmantes representan a provincias patagónicas, con excepción de dos legisladores misioneros y tres peronistas disidentes. Este conjunto de senadores adhiere al pedido en medio de la disputa entre el gobierno nacional y la provincia de Chubut por los fondos de coparticipación retenidos. Con esta unión de legisladores, crece la posibilidad de rechazar el decreto de Milei.
Entre los firmantes se encuentran Natalia Gadano y José María Carambia de Santa Cruz, representando a Por Santa Cruz; Pablo Blanco, radical fueguino; Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro; y los peronistas disidentes Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba). También firman Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, misioneros del Frente Renovador de la Concordia. No participaron en esta solicitud Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (UCR), representantes de Chubut.
El reglamento otorga a la Vicepresidenta de la Nación, en su calidad de presidenta del Senado, la facultad de fijar día y hora para la convocatoria a la sesión, aspecto que ha sido objeto de discusión previa con el Frente de Todos. Además, la Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, convocada la semana pasada, comenzará formalmente este jueves a debatir la legalidad del DNU de Milei, así como de numerosas normativas similares enviadas por el gobierno de Alberto Fernández.